Se trata de una directiva comunitaria que debía haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de mayo de 2018. Era una antigua carencia a la que por fin se está dando forma.
El Congreso de los Diputados ha aprobado con un amplio consenso la ley que regula la protección de datos personales utilizados en las investigaciones y enjuiciamiento de delitos, así como en la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.
Se trata de una directiva comunitaria que debía haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes de mayo de 2018 y por cuyo incumplimiento España ha sido sancionada por la Unión Europea con 15 millones de euros más 80.000 por cada día de retraso que suman ya casi 20 millones, lo que ha suscitado las críticas de la oposición al Gobierno.
La principal finalidad del texto es que los datos sean tratados por las autoridades competentes de manera que se cumplan exclusivamente los fines prevenidos y, a la vez, establecer los mayores estándares de protección de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos.
El portavoz socialista David Serrada ha destacado que con esta ley España se sitúa a la vanguardia de muchos países, sobre todo, en cuanto a la revisión y eliminación de los datos, y ha asegurado que va a permitir a los ciudadanos tener la confianza y la garantía jurídica necesaria respecto a quién, cómo y para qué se recogen y tratan los datos.
Esta ley recoge mayores garantías que las previstas en la directiva europea transpuesta, se establece la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía a la hora de guiar la actuación de la policía judicial y recoge un plazo máximo de 20 años para el almacenamiento de los datos.
EFE