Investigación de Podemos como persona jurídica.
Hoy hablamos sobre la historia y claves de la investigación de Podemos como persona jurídica.
El origen de la denuncia: José Manuel Calvente
En diciembre de 2019, la formación morada despedía a su entonces delegado de Protección de Datos y abogado, Juan Manuel Calvente, que llevaba en el partido desde 2014. Podemos, entonces, alegó como causa del despido un presunto caso de acoso sexual y laboral a dos de sus compañeras, un proceso que fue archivado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid el pasado 28 de julio, una decisión que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un día después.
Según la titular de la Sala, no se consideró debidamente justificada la perpetración de los delitos por los que se lo acusaba. “[Señala] no haberse acreditado el delito de acoso sexual ante la falta de evidencia de favor sexual alguna, ni situación objetiva intimidante, hostil o vejatora hacia la querellante [Marta Flor Núñez, abogada de Pablo Iglesias] por parte del querellado”, recogía el auto.
El mismo día que el TSJM confirmaba el sobreseimiento del caso, Manuel Calvente declaraba ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid para dar declaración sobre una denuncia ante la Guardia Civil presentada en diciembre de 2019, pocos días después de su despido, por presuntas irregularidades en la financiación de Podemos. El exabogado, en su declaración frente al juez Juan José Escalonilla, denunció al partido por posibles delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.
“Caja de Solidaridad”
La denuncia más sonada es la que hace referencia a la “Caja de Solidaridad” de Podemos, denominada “Caja B” por el propio Calvente y el nombre con el que se ha popularizado el caso. Como se recoge en el Reglamento General de Podemos, la parte que reste del salario de los trabajadores del partido, ya que cuentan con una “limitación salarial”, “será objeto de donación en los términos en el presente capítulo”. A pesar de ello, ni en este documento ni en los Estatutos se establece exactamente dónde recaen las donaciones.
Según declaraciones de Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, , los miembros de Podemos no cobran la totalidad de su sueldo sino que parte del mismo “se destinan a cuestiones de interés social”. “La parte que no reciben [los diputados] van a una caja de solidaridad que se reparten”, afirmó Monedero, que puso como ejemplo que parte de ese dinero se ha destinado “a redes vecinales para ayudar durante la pandemia”.
Calvente, por su parte, aseguró que él mismo y Mónica Carmona, también exabogada del partido, estaban investigando posibles irregularidades en la contabilidad de Podemos. Estas, en lo que corresponde a la “Caja de Solidaridad”, habrían consistido en presuntos “sobresueldos” o en gastos “sin justificar”.
El denunciante alegó que el Consejo de Coordinación del partido aprobó un pago de 50.000 euros a #404 Comunicación Popular, una web de información, pero que “no consta” tal gasto en la “Caja de Solidaridad”. También afirmó que, en algunos casos, el partido declaraba a Hacienda que se había ingresado una cantidad mayor de la real en la cuenta.
El juez Escalonilla, tal y como recoge en el auto requirió que se examine “la cuenta adscrita a la Caja de Solidaridad del Partido Podemos” para comprobar “si se llegaron a pagar los 50.000 euros” al grupo.
Elecciones generales de 2019 y “empresas pantalla”
El Tribunal de Cuentas (TCU), de manera paralela y sin requerimiento judicial, en su informe fiscalizador de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, encuentra algunas facturas que no corresponden a gastos electorales sino a “operaciones ordinarias” por una cuantía de poco más de 290.000 euros. Al mismo tiempo, recoge que hay una factura de 133.000 euros “que no ha sido debidamente justificada”.
Según el mismo informe, los 290.000 euros de gastos no electorales corresponderían a:
- Un servicio de “consultoría en redes y tratamiento de la información […] y análisis del comportamiento de competidores, votantes e influencers”
- La colocación y retirada de pancartas con el lema “Vota Izquierda Unida Guadalajara” que, según indica el Tribunal de Cuentas, no puede ser considerado gasto electoral al no hacer referencia “expresa a la denominación de la coalición electoral [Unidas Podemos]”
- • Elaboración de “las líneas estratégicas de pre-campaña y campaña”, que los considera “trabajos de naturaleza preparatoria”
El TCU, además, señala un “contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros” a Neurona Comunidad “sin valoración económica individualizada de lo contratado” e indicando que el objeto social de la empresa “no coincide con las prestaciones contratadas”.
Al mismo tiempo la Fiscalía del tribunal ve indicios de delito por fraude electoral y falsedad en documento mercantil a raíz de estos pagos no justificados debidamente.
El juez Escalonilla ha requerido al TCU toda la documentación sobre los pagos que Unidas Podemos, o Podemos, realizaron a las empresas Neurona Comunidad S.L. y ABD Europa Unipessoal LDA que, según Calvente, corresponden a los pagos “no justificados”. Al mismo tiempo, el exabogado denuncia que estas empresas, aunque se centró concretamente en Neurona, eran utilizadas por la formación como presuntas “empresas pantalla”.
Calvente alega que la sociedad era utilizada para buscar “empresas y gobiernos con los que contratar a través de Neurona para su beneficio o financiar, posiblemente, a Podemos, con microcréditos” y que sería Juan Carlos Monedero el “intermediario” de conseguir estos contratos. A su vez, también señala a la empresa ABD Europa por ser “la destinataria de los beneficios de contratos presuntamente irregulares”.
Por su parte, el juez Escalonilla ha remitido al SEPE para informar sobre “los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social” por Neurona, a Bankinter para que presente “la totalidad de movimientos” de la cuenta y ha citado a declarar como investigado al administrador. Respecto a ABD Europa, ha pedido al Grupo de Policía Judicial que “comprueben si entraron” en España cinco trabajadores de la empresa y las cuentas a BCP Millenium, un banco brasileño.
Los investigados
A finales de julio el juez Escalonilla ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a tres miembros de la dirección de Podemos: Rocío Esther Val, gerente del partido; Daniel Frutos Ramírez, responsable de Finanzas y Transparencia, además de coordinador del Área Anticorrupción; Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2030. También ha citado a declarar, aunque en este caso como testigo, a Pablo Fernández Alarcón, de la Comisión de Garantías Democráticas. También ha situado al partido político Podemos como “investigado” en el caso.
La declaración de los imputados está prevista para el 20 de noviembre, Además, el juez ha solicitado al Registro Mercantil Central “que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero Fernández-Gala.
En el auto del juez Escalonilla se refleja que en el informe realizado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de Podemos «se expone y se justifica el rechazo de la consideración de gasto electoral de los servicios prestados por Neurona Comunidad S.L, en base al contrato firmado entre las partes el día 6 de mayo de 2019». El juez Escalonilla confirma que «existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General LOREG».
Asimismo, señala que el contrato formalizado con Neurona se trataría de «un contrato simulado. Habiendo sido transferidos finalmente a través de dicha sociedad un total de 308.257,20 euros a la mercantil Creative Advice Interactive».
«Consta que el pago del precio de dicho contrato formalizado con Neurona se realizó desde las cuentas electorales del partido político Podemos, tratándose por ello dicha distracción de dicho dinero presuntamente constitutiva del delito electoral, tratándose de un delito especial que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales. Dichos hechos podrían ser igualmente constitutivos de un delito de financiación ilegal de partidos políticos».
La Fiscalía solo ve delito en Neurona
Las declaraciones de Calvente, según las filtraciones a medios de sus tres horas de testimonios, se basan, tal y como indicó él mismo en sede judicial, en “rumorología a nivel de militancia”. Así lo ha recogido la Fiscalía Provincial de Madrid.
Al mismo tiempo, ha instado al juez a no continuar con la batería de diligencias al no ver indicios de delito en el caso de la denominada “Caja B” ya que la denuncia se sustenta en “rumores, sospechas o suspicacias” y, al mismo tiempo, a una “clara animadversión del denunciante”. La Fiscalía concluye que esta batería de diligencias es “completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.
El 8 de septiembre, el Ministerio Público trasladó al magistrado Escalonilla un escrito en el que le pide circunscribir la investigación solo a los contratos realizados con la empresa Neurona de cara a las elecciones generales de 2019, ya que reconoce indicios de delito. El Ministerio Público, de esta manera, rechaza en su escrito que se trate de “una investigación prospectiva” como señaló la formación, ya que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”.
La Fiscalía Provincial de Madrid remarca que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una tecnología digital con sede en Dallas por un importe total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”. Remite, además, al informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
Fte.- Newtral.
