La querella presentada frente a Begoña Gómez

La querella presentada frente a Begoña Gómez

¿Es “fango” y “juego sucio” la querella presentada por la Asociación Hazte Oir.org frente a la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez?
Pic Efe/KiloyCuarto

Muy recientemente ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción  nº 41 de Madrid la querella interpuesta por Hazte Oír frente a la esposa del Presidente del Gobierno Begoña Gómez, cuyo titular, Juan Carlos Peinado, ya abrió diligencias previas para actuar contra Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

Muchas gente se está preguntando si estas querellas constituyen realmente  “fango” y “juego sucio”, a raíz sobre todo de las manifestaciones hechas en su  defensa  por distintos miembros del gobierno y medios de comunicación afines al mismo.

Tras examinar  la citada querella vamos a hacer un análisis desde un punto de vista estrictamente legal  y de experiencia forense, intentando dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿es normal que el juez de instrucción haya admitido a trámite esta querella? 

Para ello tendremos en cuenta tanto el relato de hechos descrito en la misma como los medios de prueba que utiliza y aquellos otras diligencias cuya práctica se solicita al Juzgado, al objeto de analizar si todo este material, indiciariamente, puede suponer un encaje de los hechos en  los tipos penales o delitos objeto de denuncia (tráfico de influencias básicamente), y por tanto, justificar su admisión a trámite. 

Con posterioridad, analizadas las pruebas practicadas, podrá seguirse o archivarse el procedimiento, y cada parte implicada deberá asumir sus posibles responsabilidades, pero en lo que aquí interesa, se trata de examinar si esta concreta querella y actuación judicial hasta aquí acontecida son “fango” y “juego sucio”  o por el contrario constituyen un legítimo ejercicio del derecho a denunciar hechos presuntamente delictivos.

La querella, siempre con un  lenguaje respetuoso y sosegado, y en todo momento hablando de la existencia de indicios de criminalidad, ya desde el principio indica  que 

“Los hechos que se relatan han sido publicados por numerosos medios de comunicación, y salvo error por esta parte, no han sido desmentidos. Siendo su publicación pública y notoria, no se incorporan a la querella, sin perjuicio de incorporarlos más adelante y citar para declarar a los autores de las citadas investigaciones y noticias”.

Es lo cierto que todas estas noticias publicadas están a su vez basadas en investigaciones periodísticas en las que se han obtenido suficientes pruebas, dado que de lo contrario la responsabilidad penal y de otra índole  de los autores y  medios de comunicación sería enorme. 

Comienza la querella describiendo  cómo la  trayectoria laboral de la querellada ha estado vinculada en los últimos años al ascenso político de su esposo, cuestión inédita si se compara con otras esposas de Presidentes del Gobierno de España.  Así la Sra. Gómez comenzó su andadura laboral  en 1995 pasando por diversas empresas. En julio de 2018 se acogió a la excedencia tan solo un mes después  de que su esposo fuese designado presidente del Gobierno, y empezó a prestar sus servicios (8 de agosto de 2018) para el Instituto de Empresa (IE) al objeto de  dirigir el recién creado Africa Center, un centro para «la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano», que depende la Fundación del IE. La querellada estuvo vinculada al IE desde el 8 de agosto de 2018 a junio de 2022. En cualquier caso la querella señala que Fundación IE incrementó sus ingresos un 33% entre 2019 y 2022 tras el fichaje de la querellada.

En julio de 2020, Begoña Gómez  intervino en un coloquio en plena desescalada como codirectora de un nuevo máster de la Universidad Complutense que comenzaría a partir del mes de noviembre de 2020: el máster propio en “Transformación Social Competitiva: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  como estrategia”. E igualmente pasó a ser codirectora en el título de captación de fondos para el tercer sector (UCM y AEFR –Asociación Española de Fundrasing): el Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. Estas titulaciones están especializadas en ‘fundraising’, es decir captación de fondos para ONG’s. Y entre otros fondos, partidas de la Unión Europea que distribuye el propio gobierno de España. 

Según indica la querella, las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo con la querellada desde el nombramiento como Presidente del Gobierno de España, han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%. En este tiempo, la querellada ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno. E igualmente ha realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales.

Es de interés resaltar un elemento clave: la vinculación de la OMT (Organización Mundial del Turismo), Globalia, Barrabés.biz y el Instituto de Empresa con la querellada, Begoña Gómez, debiendo tenerse en cuenta que es en agosto de 2018 cuando la querellada accede al puesto de directora del IE Africa Center, centro vinculado al IE Business School, y que tendrá vinculaciones tanto con OMT como con Globalia y Barrabés.biz

La querella relata a continuación  su relación con el grupo Globalia, y los rescates del gobierno a diversas empresas del grupo, así como concesiones de otros contratos.

A principios de 2020 Air Europa (del Grupo Globalia) firmó un contrato confidencial con el IE Africa Center dirigido por Begoña Gómez, por medio del cual la mercantil Wakalua (creada el 22 enero de 2019 entre Globalia y la OMT, en las misma), filial de Air Europa (que en el momento de firmar ese acuerdo estaba pasando serios problemas económicos) se comprometía a pagar al centro de estudios 40.000 euros al año.  Resulta muy sospechosa tal operación, que reúne indicios de servir para conseguir “la influencia” de la querellada en otras operaciones.

Unos meses después de este contrato confidencial, el 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de la Air Europa (del Grupo Globalia, propiedad de la familia Hidalgo) por 475 millones de euros de dinero público resultando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo presente en esa reunión del Consejo de Ministros, pese a un claro conflicto de intereses, y en ningún momento se inhibió. 

Debe señalarse que este rescate no sólo fue el más cuantioso y el más rápido en procesarse de todos los que concedió el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestionó la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) para hacer frente a los efectos de la pandemia sino que, además, esquivó el posterior escrutinio de la Comisión Europea debido a que la entrega de los 475 millones fue troceada lo que permitió a España eludir la fiscalización de la ayuda por parte de las autoridades europeas. 

Igualmente el 16 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Globalia-Ávoris, UTE de la firma ligada a la familia Hidalgo con Barceló, dotado con 320 millones. Debiendo considerarse, por otra parte, que Globalia estuvo asesorada por la empresa de Víctor Aldama como asesor externo.

En  septiembre de 2018 (un mes después de que la querellada fuera contratada por IE Africa Center) Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT (Organización Mundial del Turismo), que será sponsor con Globalia (a través de Wakalua), se reúne con Sánchez en Moncloa.

Entorno a Junio de 2019 (pocos meses después de crearse Vakalua, en enero de 2019), la querellada se reunió con responsables de Globalia; y en octubre de 2019 en San Petersburgo, donde se celebraba una reunión de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se reunieron en un Hotel a medianoche la querellada, Begoña Gómez, Víctor de Aldama (principal comisionista de la trama Koldo, imputado en el caso), y Javier Hidalgo (CEO de Globalia, matriz de Air Europa). Y en tal reunión Hidalgo le pidió ayuda a la mujer del presidente del Gobierno con una deuda de su compañía que impedía desarrollar un nuevo negocio de Globalia. 

La mercantil Wakalua, filial de Air Europa que se comprometió a pagar al IE Africa Center, dirigido por la querellada, 40.000 euros al año (prácticamente igual a su propio patrimonio), cuando se encontraba en una situación económicamente irregular. Y es que tenía cero empleados y debía dinero al Estado cuando firmó ese acuerdo. Y sin embargo, bajo la presidencia de Sánchez sumaron1.400 millones en contratos (Imserso, vuelos y handling) y rescates.

 Wakalua, facturó en 2020, 180.000 euros sin empleados y tuvo unos gastos en profesionales independientes por 232.000 euros y 44.857 en relaciones públicas y publicidad. Dada así la situación económica, Globalia tuvo que restablecer el equilibrio patrimonial y evitar la quiebra, inyectando en 2019, 120.000 euros; en 2020, 128.000 euros; y en 2022, 300.000 euros. Es decir: 548.000 euros para reflotar la empresa que debía financiar el IE Africa Center de Begoña Gómez. Es decir, parece evidente que esta operación ocultaba otra cosa, pues ninguna empresa en tal situación económica invierte 40.000 euros anuales en filantropía, salvo que la operación buscara otra cosa, es decir,  “comprar”, a través de la responsable de Africa Center, ayudas del gobierno.

Según señala la denuncia, desde junio de 2019, en que la querellada entró en contacto con el Grupo Globalia, hasta que la misma abandonó el IE en junio de 2022, poco después de que Wakalua se transfiriera a Barceló, el Grupo Globalia, recibió un trato, por parte del Gobierno, que puede calificarse de privilegiado, y más teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria había impuesto al grupo turístico sanciones, pues en 2014 se firmaron actas en disconformidad por importe de 39.985.000 de euros de cuota más 6.836.000 de intereses de demora. Y es que en total, en este periodo Globalia, Air Europa y Avoris (todas pertenecientes a la familia Hidalgo) percibieron del Gobierno 1.100 millones de euros en avales, créditos y ayudas. En sustento de cuanto se afirma se adjuntaron a la querella informes mercantiles, balances, cuentas de resultados de las citadas empresas, así como la  recopilación de avales, créditos y ayudas concedidos en este periodo a Globalia, Air Europa y Avoris.

La querella relata a continuación las reuniones  profesionales de Begoña Gómez en las que se presenta como esposa del presidente del Gobierno de España.

Así el 18 de febrero de 2022 se hizo pública una nota de la Embajada de Ghana en la que se relataba «la recepción a María Begoña Gómez Fernández, esposa del Presidente del Gobierno español» y añadió que la «esposa del Primer Ministro español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana en Madrid el 31 de enero de 2022 para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la Misión» y que «La esposa del Primer Ministro, que también viaja frecuentemente a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género».

Igualmente a finales de octubre del año 2022, el presidente del gobierno tuvo una gira a Kenia y Sudáfrica. Y le acompañó su esposa. En principio a título particular, pues Moncloa aseguró inicialmente que la presencia de Begoña Gómez no ocasionaba ningún gasto público, señal de que era ella o alguna entidad privada a nombre de ella, quien pagaba el viaje, alojamiento, manutención, etc. Sin embargo, pronto surgieron dudas en tanto en cuanto, siendo la directora del Africa Center, si acompañaba a su esposo para sus negocios propios, parecía haber un conflicto de intereses además de un posible tráfico de influencias, y por eso el Ministerio de Presidencia cambió rápidamente de versión para asegurar que la querellada acudía «En calidad de esposa del presidente del Gobierno.

Se debe  tener en cuenta, al respecto de estos dos viajes, la relación de los mismos con «Foco África 2023», que es el programa de acción del III Plan África y conecta los objetivos de este con la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. Fue presentado el 29 de marzo de 2021 con la participación del Presidente del Gobierno, y tiene por objeto «la proyección de la acción exterior en el continente de todos los actores institucionales del Gobierno de España y su concreción en acciones durante esta Legislatura», es decir, el apoyo de acciones e inversiones con dinero público y subvenciones de los distintos Ministerios y las estrategias y los planes de la Cooperación Española.

Sus prioridades se centran en «Marruecos, Argelia, Egipto, Ruanda, Uganda, Senegal, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania y Ghana», añadía el plan Foco. Dándose la “casualidad”, de que Kenia y Ghana (junto a Etiopía) fueron los países principales receptores de programas de cooperación del Africa Center del Instituto de Empresa cuando la querellada dejó el cargo.

Por tanto, parece evidente que estos viajes «como esposa de presidente del Gobierno» (y el segundo de ellos pagado por el propio Gobierno) suponían una colisión y confusión de intereses que indiciariamente se ajustan al tipo de tráfico de influencias. 

A continuación, la querella describe  la esponsorización de actividades en las que está involucrada Begoña Gómez  y el posterior aumento de negocio de las entidades esponsorizadoras con el gobierno Y  las relaciones de la querellada con la consultora Barrabés.

Barrabés  fue el empresario que puso en contacto a  Begoña Gómez con Air Europa en 2019. Además, diseñó después, buscó profesores y llenó de contenido el Máster en Transformación social competitiva de la UCM que dirige Begoña Gómez. La consultora Barrabés cultivó sus relaciones con Begoña Gómez al tiempo que su facturación con el Gobierno creció de medio millón de euros en los años de Mariano Rajoy a más de 20 millones con Pedro Sánchez, casi el 3.900 % más.

La consultora de Barrabés, Barrabes.BIZ, apoyó desde un primer momento el hub Wakalua, que sirvió de soporte a Begoña Gómez para protagonizar diversos eventos.

La relación y amistad con Begoña Gómez, se desarrolló progresivamente, a través de diversos eventos públicos acontecidos entre 2019 y 2023, en los que tomaban parte Wakalua, Barrabes.biz, IE University, Pololikashvili (el Secretario General de la OMT,) y Globalia

Al hilo de estas relaciones crecientes entre Barrabés y Begoña Gómez, aumentan las adjudicaciones del gobierno al Grupo Barrabés:

2019: Fundación EOI (Reyes Maroto), 76.000 euros. Interior (Marlaska), 380.000 euros. ICEX (Calviño), 200.000 euros. Correos (Serrano, exjefe de gabinete socialista de Sánchez), 220.000 euros.

2021: Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (Calviño), 581.000 euros. Red.es (Calviño), 4,4 millones. ICEX (Calviño), 130.000 euros.

2022: ICEX (Calviño), 34.131 euros. CSD (Iceta), 3,6 millones. Renfe, (Raquel Sánchez), 2 millones para el trenlab, hub antes en manos de Telefónica. Red.es, (Calviño), 5,8 millones en UTE. Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (Calviño), 1,8 millones

2023: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Yolanda Díaz), 339.584 euros.

Es decir, desde que se produce la mediación de Begoña Gómez en julio de 2020 firmando una carta de recomendación (a la que luego se hará referencia)  hasta 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó  a Barrabés (especializada en ropa deportiva y material de montaña),  contratos por valor de 18.684.584 euros. 

Por si no fuera poco lo anterior, lo más destacado es que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó dos contratos al Grupo Barrabés, y en los expediente de adjudicación constaban dos cartas de recomendación/aval de Begoña Gómez. Estos contratos son los siguientes:

1º Julio de 2020: Una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía, cuyo contrato fue finalmente adjudicado a Barrabés. Esta empresa fue puntuada con sobresaliente en los tres criterios a valorar. En el informe se destacaba el apoyo de «instituciones», sin citar expresamente la Universidad Complutense de Madrid, cuya carta, firmada por la querellada, fue valorada. 

2º Agosto de 2021: Igualmente consta una carta de apoyo/recomendación/aval en el concurso, con un presupuesto base de 11 millones de euros, que estaba destinado a adjudicar un "servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital". En este caso, a la UTE de la que formaba partes Barrabés (por medio de Innova Next) junto a la escuela de negocios The Valley, le fue adjudicado uno de los dos lotes de la licitación, por 4,4 millones de euros, y en su oferta incluía la "declaración de interés" firmada de su puño y letra por la propia Begoña Gómez y dirigida a la mesa de contratación. El peso de las cartas de apoyo en los expedientes de licitación fue valorado por la mesa de contratación en el apartado subjetivo de los concursos, con un peso del 40% de la puntuación final. El otro 60%, de carácter objetivo, dependía directamente de la oferta económica.

A estos contratos habría que añadir un nuevo, ya sin carta de recomendación, en el año 2022, en la que Innova Next, consultora del Grupo Barrabés concurrió a uno de los lotes de un megacontrato de 3,9 millones del ICEX, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, para la puesta en marcha de un «programa de apoyo personalizado para la internacionalización empresarial». 

En este punto la querella adjunta como pruebas documentales  diversos informes mercantiles de THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, S.L. y la  recoplilación de avales, créditos y ayudas concedidos en este periodo a Globalia, Air Europa y Avoris.

Por último, la querella relata   la creación de la mercantil TRANSFORMA TSC SL. Finalmente, la querellada creó, el 2 de noviembre de 2023, la mercantil Transforma TSC, S.L., de la que es administradora única, y que tiene por objeto Impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones, para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible. Y ello adaptando las empresas a la Agenda 2030.

Al respecto debemos indicar que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contrató el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC, y tal contratación costó 60.500,00 euros. Sin embargo, en la web (www.transformatsc.org) no contiene ni avisos legales ni política de privacidad,   lo que más allá de ser en sí mismo una infracción legal, que lo es, parece que pretende ocultar  la doble condición de Begoña Gómez  como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense  y como empresaria con la compañía Transforma TSC SL.

Al margen de las pruebas que la propia querella adjunta, la querellante  interesa del Juzgado  la práctica de diversas diligencias  de prueba. Así y al margen de la declaración judicial de la propia querellada, solicita que se requiera a El  Confidencial para que aporte copia de las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez; que se requiera a  las mercantiles  INMARK, Instituto de Empresa SL, ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS SL, Innova Next, Barrabés.BIZ, Wakalua Innovation Hub SL, GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A., AVORIS CORPORACION EMPRESARIAL SL y Transforma TSC  para que aporten listado detallado de todas las subvenciones y ayudas públicas, así como adjudicaciones públicas de las que hubieran sido beneficiaria/s desde el 1 de junio de 2018 hasta la actualidad, acompañando 1) la documentación que hubieran aportado en el correspondiente expediente o convocatoria para la concesión de la misma; 2) la resolución administrativa de adjudicación o concesión; 3) en su caso la indicación del Boletín Oficial y página, en que apareciera publicada la adjudicación o concesión; y 4) indicación si en su caso, en el desarrollo del contrato adjudicado, hubo prórrogas, modificados o sanciones.

Solicita la querellante que igualmente se  requiera a la Plataforma de Contratación del Sector Público, SUBDIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE LA CONTRATACION ELECTRONICA para que en relación a las citadas empresas  informe en relación a todas las subvenciones y ayudas públicas, así como adjudicaciones públicas de las que hubieran sido beneficiaria/s desde el 1 de junio de 2018 hasta la actualidad, acompañando la misma documentación a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. 

También que se requiera a la Unidad Central Operativa (UCO), para que realice informe en relación a los hechos puestos de manifiesto en la querella.

Y que, una vez recibidas las pruebas indicadas, se cite a declarar como testigos a los representantes legales de cada una de las empresas y entidades citadas. 

Volviendo a la pregunta a la que tratábamos de dar respuesta al principio, es decir, es “fango” y “juego sucio” la presentación y admisión a trámite de esta querella, cabe decir que la misma no es en principio infundada (y menos aún si se atiende a las noticias de los medios de comunicación en los últimos tiempos), contiene suficiente sustento probatorio  para su admisión a trámite y propone unas diligencias de prueba más que razonables en relación con  unos hechos que solo pueden calificarse, al menos en este momento,  de extremadamente graves, pues darían  lugar a importantísimas responsabilidades penales en el momento en que pudieran acreditarse en sede judicial. 

En un moderno Estado democrático y de derecho, como es el nuestro,  la función de la prensa y del poder judicial debe ser la de servir de contrapeso frente a quienes ostentan y ejercen el poder. 

Por tanto el análisis e investigación de los hechos relatados en la querella deviene totalmente necesario e imprescindible, con independencia de quiénes sean las partes implicadas. 

Creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está ocurriendo en este caso,  que debe de preocuparnos con total independencia de cuál sea nuestra orientación o ideología política.  Lo  preocupante sería, en realidad,  que no investigasen estos hechos.

Todo ello sin olvidar que “un país vale lo que  vale su prensa”  y yo añadiría también  su poder judicial.