Las empresas se arriesgan mucho por incumplir la normativa de protección de datos.
Desde que en mayo de 2018 comenzara a ser aplicable el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado más de 1.500 procedimientos sancionadores, de los que 340 han concluido con la imposición de una sanción a los infractores.
Motivo de las sanciones
¿Cuáles han sido los principales motivos de estas sanciones? según un informe elaborado por la agencia de calificación de ciberseguridad, LEET Security, basado en la información que ofrece la AEPD, el ranking ofrece los siguientes datos:
La primera causa de sanción es el tratamiento de datos personales sin el consentimiento de sus titulares o sin una base legitimadora que lo justifique, tal como resulta preceptivo. Hublot Replica
En segundo lugar, que los datos personales no sean tratados de la manera “lícita, leal y transparente en relación con el interesado” que exige el reglamento.
Sigue, en tercer lugar, el uso indebido de cámaras de videovigilancia, ya sea por su instalación en lugares inadecuados o por no informar de dicha instalación.
En cuarto lugar, se recoge una variedad de supuestos que incluyen desde la omisión del deber de informar, la contratación irregular de productos o servicios y la omisión de la aplicación de medidas de seguridad para proteger la información o la vulneración del deber de secreto sobre los datos tratados. Generalmente, estas sanciones se resumen en la no aplicación de dos principios esenciales para la implementación efectiva de la responsabilidad proactiva a que están obligadas los responsables del tratamiento, como son los de protección de datos desde el diseño y por defecto.
Finalmente, cierra esta relación de casos, los supuestos relacionados con servicios prestados a través de Internet, epígrafe que recoge todas las vulneraciones relacionadas con el tratamiento de los datos relacionados con el correo electrónico, las redes sociales, los buscadores o el comercio electrónico, foros de internet o direcciones IP, entre otros.
Las empresas como sujetos obligados por esta normativa deben esforzarse no sólo en contratar un proveedor de garantía, sino también en implantarla de modo eficaz, pues una sanción en esta materia, a parte de su posible magnitud (la propia supervivencia de la organización está en juego), supone una pérdida considerable de imagen y de fiabilidad de la compañía.
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Fuente.- Cinco Días.
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