Medidas de protección del denunciante de corrupción frente a represalias en el anteproyecto de ley de 4 de marzo de 2022.
Se espera que la ley de transposición entre en vigor a lo largo del tercer trimestre del presente año
El plazo de transposición de la Directiva 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whistleblowing, venció el pasado 17 de diciembre de 2021, pero no ha sido hasta el 4 de marzo de 2022 cuando el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley para proteger a las personas que denuncien a las empresas por la comisión de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, o cualquier otra vulneración del resto del ordenamiento jurídico.
Se espera que la ley de transposición entre en vigor a lo largo del tercer trimestre del presente año. A partir de ese momento,Swiss Replica Watches
las empresas obligadas tendrán un plazo de tres meses para implantar las medidas previstas.
El Anteproyecto sigue la línea marcada la Directiva con el fin de otorgar la protección adecuada frente a posibles represalias que puedan sufrir los denunciantes.
La ley será de aplicación tanto en el sector privado como en el público y no se circunscribe a la protección de trabajadores, sino que en su ámbito subjetivo de aplicación se encuentran autónomos, accionistas y miembros de los órganos directivos, trabajadores que hayan finalizado su vínculo laboral, voluntarios, becarios, candidatos en procesos de selección, personas relacionadas con todos estos, etc.
En cuanto a la canalización de las denuncias, se establece como cauce preferente los canales internos de información en el seno de las empresas, que deberán permitir la presentación y tramitación de denuncias anónimas.
La obligación de implantar dicho canal de denuncias interno será, en el sector privado, para las compañías de más de 50 trabajadores y, en el sector público, para todas ellas. Debe nombrarse, en todo caso, un responsable del sistema de comunicaciones interno, competencia que normalmente asumirá el conocido como compliance officer u oficial de cumplimiento.
Pero también se prevé un canal externo de denuncias. Con dicho objetivo, el Anteproyecto instituye la Autoridad Independiente de Protección del Informante, adscrita al Ministerio de Justicia.
Al objeto de prevenir las represalias frente a los denunciantes, el anteproyecto define en primer lugar qué supuestos se pueden entender como tales, y señala la suspensión del contrato de trabajo, despido, imposición de medida disciplinaria, degradación o denegación de ascensos, daños de carácter reputacional, pérdidas económicas, coacciones o acoso, evaluación negativa del desempeño del trabajo o inclusión en listas negras, entre otros muchos….
Como medidas de protección al denunciante se prevén, entre otras, las siguientes:
- a) En un procedimiento laboral ante un órgano jurisdicional, se invierte la carga de la prueba: se presume que los perjuicios sufridos por los denunciantes, que hayan demostrado que han hecho una denuncia o revelación replica rolex pública protegidas, son consecuencia de una represalia, debiendo demostrar la persona jurídica que haya tomado la medida que esta se debe motivos plenamente justificados ajenos a la información o revelación públicas.
- b) Si se demuestra que se ha incumplido la garantía de protección, la Autoridad Independiente de Protección del informante tendrá la potestad sancionadora para imponer las correspondientes multas y amonestaciones, e incluso imponer la prohibición de contratar con el sector público replica tag heuer por un período de hasta tres años.
En Queipo & Riego Abogados llevamos desde el año 2010 implantando planes de prevención de riesgos penales para las empresas, que incluyen la implantación de canales internos de denuncias. Si tienes cualquier duda al respecto o precisas información de nuestros servicios al respecto, no dudes en contactar con nosotros a través del teléfono 985 965 463.
